la democracia y etica muy importantes

profe me excuso por no ser capas de subir el vídeo pero en youtube busca el desempleo en Colombia y el segundo que le aparezca ese es.

pregunta.que piensa sobre el desempleo en Colombia?.

papa:que es muy alto y afecta gravemente nuestra economía ya que no tendrá ingresos.





pregunta.que piensa sobre el desempleo en colombia?.

mama:es negativa y genera una problematica social.

el desempleo en colombia es un problema que con el paso de los años a ido aumentando mas y mas segun reporte La tasa de desempleo en Colombia en enero pasado, llegó a 14,6%, 0,4 punto porcentual por encima de la registrada en igual período de 2009, informó este viernes el estatal Departamento Nacional de Estadística (Dane).
se a encontrado muy alarmante esta cifra ya que en tan poco tiempo ya a alcanzado estos niveles.

en cartago:la deserción escolar es algo no tan común en cartago pero sin embargo en algunos sectores cercanos se puede ver niños trabajando o peor haciendo nada

la deserción escolar es causada por los bajos recursos económicos
y tambien que hay una alta taza en el país.

le informo que no pude colocar el vídeo pero en youtube lo puede encontrar fácilmente es el terccero que vea busca video sobre la deserción escolar asi lo encuentra.

1:que piensas sobre la deserción escolar?

papa:que la gente que no estudia no obtiene buenos trabajos por eso es mala.

mama:es mala por que se le esta violando un derecho fundamental a los niños.

2:que consecuencias trae este problema?

mama:una mayor tasa de desempleo y pobreza.

papa:menos ingresos no hay progreso para el país.

3:.por que se presenta la deserción en Colombia?

papa:yo creo que lo principal es quee los papas ponen a trabajar a los niños.

mama:por los bajos recursos económicos y por la violencia.

descripción y datos:
El 17 de noviembre de 2009 el gobierno de Colombia admitió que 997.219 niños en el país no están estudiando la ministra de educación dijo que se iniciarían nuevas campañas para que a los niños no se lees niegue mas ese derecho.
las estadísticas muestran que entre los 5 y los 16 años no están asistiendo al colegio la campaña intentara concienciar a los papas sobre lo importante que es que sus hijos tengan una buena educación esta campaña seria difundida por todos los medios de comunicación.
de acuerdo con las cifras del ministerio de comunicación las ciudades con el mas alto indice son Leticia y Mitu en el 2009.

causas:
una de las causas mas importantes es la toma de pequeños pueblos por parte de los grupos al margen de la ley la otra principal causa es la falta de recursos económicos para la matricula de los niños y otra causa es el trabajo infantil muchas veces los mismos padres son los que promueven que sus hijos salgan del colegio y se vallan a trabajar en las calles.

consecuencias:
las consecuencias de la deserción escolar son un mayor indice de desempleo ya que en la mayoría de los trabajos se les exige que hallan terminado el bachillerato ,el crecimiento económico de la ciudad o pueblo se vera afectado y se creara un circulo de pobreza.

profe cristian me permito informarle que no fui capaz de poner el vídeo ya que lo intente pero no se pudo pero ya he visto el vídeo lo puede encontrar en youtube solo busca derechos humanos en Colombia y el primero ese es.

ATT:Daniela Lopez

Actos de terrorismo

Las guerrillas de las FARC y del ELN han recurrido en algunas ocasiones en actos terroristas mediante la activación de cargas explosivas en centros urbanos con alta densidad poblacional. Algunos actos terroristas han sido reivindicados por la guerrilla y otros le fueron atribuidos. Por otra parte, se han registrado graves atentados con explosivos en las principales ciudades del país, que podrían tener un origen distinto del conflicto armado.

Así mismo, se han registrado atentados realizados por la guerrilla y por paramilitares que desconocen el principio de distinción entre bienes civiles y objetivos militares, así como el de proporcionalidad, afectando seriamente viviendas, iglesias y otros bienes de carácter civil. Se registraron igualmente pillajes por parte de los diferentes grupos.

En el ámbito latinoamericano, un análisis jurídico del fenómeno de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por miembros de los grupos armados debe comenzar por el examen de dos cuestiones previas y complementarias: de una parte, el hecho de considerar a tales organizaciones armadas como destinatarios de las normas y principios de la CADH; por otra, es menester detenernos en el contenido y alcance que el propio sistema interamericano le ha reconocido al término “grupos armados irregulares”, para efecto de considerarlos como sujetos pasivos de las obligaciones convencionales.

Agotado el estudio de tales presupuestos, estaremos en capacidad de analizar las especificidades que presenta una violación determinada.

El respeto de los derechos humanos por parte de los grupos armados al margen de la ley

Existen diversas opiniones entre los Estados americanos en cuanto a la legitimidad pasiva de tales organizaciones armadas en relación con las obligaciones impuestas por el DIH. A principios de la presente década se presentaban posiciones encontradas entre estos en relación con el carácter vinculante o no del Pacto de San José para los grupos rebeldes.

Así las cosas, el efecto inter privatos de los derechos humanos a las acciones de los grupos armados contaba con importantes defensores y detractores en el continente americano.

Tal situación de disenso entre los Estados no había sido óbice para que en el seno de la CIDH se tuviese la firme convicción acerca de la competencia de este órgano convencional para denunciar las violaciones a los derechos humanos consagrados en el Pacto de San José cometidas por los grupos subversivos, como antecedente se trae a colación los informes sobre la situación de derechos humanos en El Salvador (1978) en la que se mencionaba las graves violaciones cometidas por miembros del FMLN, a nivel nacional (recordemos el informe especial sobre la situación de los derechos humanos1981 y 1982).

Ahora bien, mediante la adopción de la Resolución 1043 de 1990 la Asamblea General de la OEA se vino aclarar las diferencias conceptuales existentes entre los Estados Parte en la CADH, en torno al carácter vinculante de este instrumento internacional para los grupos armados. Así mismo, se abrió la puerta para una importante ampliación de la competencia investigativa y de la promoción de la CIDH, por vía de la adopción de un concepto amplio de “grupos armados irregulares”.

De esta manera se despejaban las trabas para combatir el fenómeno de las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por tales organizaciones armadas. De forma complementaria, la resolución en cita tiene la particularidad de ser el primer documento de la Asamblea General de la OEA que establece un vinculo entre las actividades de los grupos irregulares y el ejercicio pleno de los derechos humanos en la región.

Pues bien, La expresión “grupos armados irregulares” tenía una interpretación bastante amplia que cobijaba incluso a bandas organizadas armadas “con fines de delincuencia común”, siendo este concepto rechazado por la CIDH, aludiendo a aquellas organizaciones armadas que, en el marco de un conflicto armado interno, emplea la violencia para buscar modificar un cierto orden político, operando una clara remisión, para tales efectos, al artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra.

Con fundamento en lo anterior, esta instancia internacional, abre de manera tenue la puerta hacia una futura ampliación de su ámbito competencial en materias relacionadas con el terrorismo, aunque haciendo presentes todas las precauciones que tal camino implica para el correcto funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Prueba de este aserto lo constituye precisamente su informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1993, p. 233 “Existen, por supuesto, otras formas de conflictos armados: por ejemplo, los conflictos que tienen origen en acciones de grupos guerrilleros en zonas urbanas, así como los grupos terroristas que con frecuencia utilizan métodos de ataques indiscriminados contra la población civil del Estado” .

El fenómeno de homicidios cometidos por miembros de los grupos armados irregulares ha sido objeto de atención de la CIDH, pero sólo con ocasión de la presentación de sus informes sobre la situación de los derechos humanos en un Estado. Esto quiere decir que esta instancia internacional se ha considerado incompetente para investigar o tramitar casos, in concreto, relacionados con estas violaciones a los derechos humanos, vale decir, cualquier denuncia concerniente a un acto subversivo o terrorista cometido en el territorio de un Estado Parte en la CADH (Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, OEA/Ser.L/V/II.83,doc.31. 12 de marzo de 1993).

En apoyo de tal decisión la CIDH hace alusión a consideraciones de orden jurídico y otras de orden “práctico”. Estas últimas, responden a mejor a la calificación de motivos de conveniencia o de orden político. En efecto, desde el punto de vista jurídico, la CIDH alega que los Estados parte en la CADH, al momento de adoptar las normas internacionales relativas a la competencia de este órgano de promoción y protección de derechos humanos, no hicieron mención alguna a la investigación de actos imputables a grupos subversivos o terroristas. Así las cosas, todo lo relacionado con la investigación, enjuiciamiento y castigo de violaciones a la CADH o al DIH imputables a miembros de los grupos armados irregulares haría parte del ámbito de competencia exclusiva de los Estados.

No se comparte esta posición por varias razones. En primer lugar, si bien es cierto que ni en el Estatuto ni en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos figura de manera expresa la competencia de la CIDH para estudiar peticiones individuales por violación a los derechos humanos cometidos por grupos armados irregulares, lo cierto es que no sólo existe una prohibición en tal sentido, sino que además se trata de una competencia implícita para la consecución del mandato general de la CIDH, cual es, en virtud del artículo 1 de su Reglamento Interno, “la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”.

Nos encontramos, por tanto, ante un caso en el cual se podría aplicar la teoría de las competencias implícitas de las organizaciones internacionales, siguiendo para ello la propia doctrina sentada por la CIJ en su dictamen consultivo del II de abril de 1949 en el asunto de la reparación de los daños sufridos al personal de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, la práctica de la propia CIDH nos demuestra que este órgano convencional a recurrido con frecuencia a la teoría de las competencias implícitas, en especial con ocasión del análisis de la conformidad de leyes de amnistía con el texto del Pacto de San José. Por otra parte, en apoyo a su tesis de la incompetencia , la CIDH recurre algunos argumentos que califica como de orden “practico”, cuando lo cierto es que son de conveniencia o políticos.

Así pues, según esta instancia internacional, de aceptarse su competencia para investigar acciones terroristas se llegaría a “colocar a las organizaciones terroristas en el mismo plano que a los gobiernos”. Se alega también, que constituye una competencia exclusiva de los Estados la investigación y sanción de los delitos cometidos por aquellas (grupos subversivos), al respecto tenemos que ni las investigaciones ni el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los grupos armados irregulares, por una instancia internacional, tienen incidencia alguna en el estatuto jurídico de aquellas.

Además, la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos armados no es una competencia exclusiva de los Estados, por cuanto después de la segunda guerra mundial la doctrina científica es unánime en afirmar que la comunidad internacional siempre tiene un interés legitimo en conocer todo lo relacionado con el respeto a los derechos humanos en cualquier Estado.

La investigación por parte de la CIDH de las violaciones a los derechos humanos cometidas por estos grupos constituiría en un paso importante en la búsqueda del respeto a los derechos fundamentales en nuestro país y, por supuesto, un claro ejemplo de un desarrollo del efecto vertical de estos derechos.

Señalemos por último que la CIDH, a pesar de declararse incompetentes para conocer peticiones individuales relativas a violaciones a los derechos humanos cometidos por los grupos armados irregulares, defiende el principio del respeto a la legalidad en la orientación de las acciones que emprenda un Estado en contra de éstos.

De otra manera, el equilibrio entre la defensa legítima de los intereses estatales y de la comunidad y el respeto de los derechos humanos puede romperse dando paso a lo que la CIDH denomina “terrorismo de Estado”.Actos de terrorismo

Las guerrillas de las FARC y del ELN han recurrido en algunas ocasiones en actos terroristas mediante la activación de cargas explosivas en centros urbanos con alta densidad poblacional. Algunos actos terroristas han sido reivindicados por la guerrilla y otros le fueron atribuidos. Por otra parte, se han registrado graves atentados con explosivos en las principales ciudades del país, que podrían tener un origen distinto del conflicto armado.

Así mismo, se han registrado atentados realizados por la guerrilla y por paramilitares que desconocen el principio de distinción entre bienes civiles y objetivos militares, así como el de proporcionalidad, afectando seriamente viviendas, iglesias y otros bienes de carácter civil. Se registraron igualmente pillajes por parte de los diferentes grupos.

En el ámbito latinoamericano, un análisis jurídico del fenómeno de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por miembros de los grupos armados debe comenzar por el examen de dos cuestiones previas y complementarias: de una parte, el hecho de considerar a tales organizaciones armadas como destinatarios de las normas y principios de la CADH; por otra, es menester detenernos en el contenido y alcance que el propio sistema interamericano le ha reconocido al término “grupos armados irregulares”, para efecto de considerarlos como sujetos pasivos de las obligaciones convencionales.

Agotado el estudio de tales presupuestos, estaremos en capacidad de analizar las especificidades que presenta una violación determinada.

El respeto de los derechos humanos por parte de los grupos armados al margen de la ley

Existen diversas opiniones entre los Estados americanos en cuanto a la legitimidad pasiva de tales organizaciones armadas en relación con las obligaciones impuestas por el DIH. A principios de la presente década se presentaban posiciones encontradas entre estos en relación con el carácter vinculante o no del Pacto de San José para los grupos rebeldes.

Así las cosas, el efecto inter privatos de los derechos humanos a las acciones de los grupos armados contaba con importantes defensores y detractores en el continente americano.

Tal situación de disenso entre los Estados no había sido óbice para que en el seno de la CIDH se tuviese la firme convicción acerca de la competencia de este órgano convencional para denunciar las violaciones a los derechos humanos consagrados en el Pacto de San José cometidas por los grupos subversivos, como antecedente se trae a colación los informes sobre la situación de derechos humanos en El Salvador (1978) en la que se mencionaba las graves violaciones cometidas por miembros del FMLN, a nivel nacional (recordemos el informe especial sobre la situación de los derechos humanos1981 y 1982).

Ahora bien, mediante la adopción de la Resolución 1043 de 1990 la Asamblea General de la OEA se vino aclarar las diferencias conceptuales existentes entre los Estados Parte en la CADH, en torno al carácter vinculante de este instrumento internacional para los grupos armados. Así mismo, se abrió la puerta para una importante ampliación de la competencia investigativa y de la promoción de la CIDH, por vía de la adopción de un concepto amplio de “grupos armados irregulares”.

De esta manera se despejaban las trabas para combatir el fenómeno de las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por tales organizaciones armadas. De forma complementaria, la resolución en cita tiene la particularidad de ser el primer documento de la Asamblea General de la OEA que establece un vinculo entre las actividades de los grupos irregulares y el ejercicio pleno de los derechos humanos en la región.

Pues bien, La expresión “grupos armados irregulares” tenía una interpretación bastante amplia que cobijaba incluso a bandas organizadas armadas “con fines de delincuencia común”, siendo este concepto rechazado por la CIDH, aludiendo a aquellas organizaciones armadas que, en el marco de un conflicto armado interno, emplea la violencia para buscar modificar un cierto orden político, operando una clara remisión, para tales efectos, al artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra.

Con fundamento en lo anterior, esta instancia internacional, abre de manera tenue la puerta hacia una futura ampliación de su ámbito competencial en materias relacionadas con el terrorismo, aunque haciendo presentes todas las precauciones que tal camino implica para el correcto funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Prueba de este aserto lo constituye precisamente su informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1993, p. 233 “Existen, por supuesto, otras formas de conflictos armados: por ejemplo, los conflictos que tienen origen en acciones de grupos guerrilleros en zonas urbanas, así como los grupos terroristas que con frecuencia utilizan métodos de ataques indiscriminados contra la población civil del Estado” .

El fenómeno de homicidios cometidos por miembros de los grupos armados irregulares ha sido objeto de atención de la CIDH, pero sólo con ocasión de la presentación de sus informes sobre la situación de los derechos humanos en un Estado. Esto quiere decir que esta instancia internacional se ha considerado incompetente para investigar o tramitar casos, in concreto, relacionados con estas violaciones a los derechos humanos, vale decir, cualquier denuncia concerniente a un acto subversivo o terrorista cometido en el territorio de un Estado Parte en la CADH (Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, OEA/Ser.L/V/II.83,doc.31. 12 de marzo de 1993).

En apoyo de tal decisión la CIDH hace alusión a consideraciones de orden jurídico y otras de orden “práctico”. Estas últimas, responden a mejor a la calificación de motivos de conveniencia o de orden político. En efecto, desde el punto de vista jurídico, la CIDH alega que los Estados parte en la CADH, al momento de adoptar las normas internacionales relativas a la competencia de este órgano de promoción y protección de derechos humanos, no hicieron mención alguna a la investigación de actos imputables a grupos subversivos o terroristas. Así las cosas, todo lo relacionado con la investigación, enjuiciamiento y castigo de violaciones a la CADH o al DIH imputables a miembros de los grupos armados irregulares haría parte del ámbito de competencia exclusiva de los Estados.

No se comparte esta posición por varias razones. En primer lugar, si bien es cierto que ni en el Estatuto ni en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos figura de manera expresa la competencia de la CIDH para estudiar peticiones individuales por violación a los derechos humanos cometidos por grupos armados irregulares, lo cierto es que no sólo existe una prohibición en tal sentido, sino que además se trata de una competencia implícita para la consecución del mandato general de la CIDH, cual es, en virtud del artículo 1 de su Reglamento Interno, “la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”.

Nos encontramos, por tanto, ante un caso en el cual se podría aplicar la teoría de las competencias implícitas de las organizaciones internacionales, siguiendo para ello la propia doctrina sentada por la CIJ en su dictamen consultivo del II de abril de 1949 en el asunto de la reparación de los daños sufridos al personal de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, la práctica de la propia CIDH nos demuestra que este órgano convencional a recurrido con frecuencia a la teoría de las competencias implícitas, en especial con ocasión del análisis de la conformidad de leyes de amnistía con el texto del Pacto de San José. Por otra parte, en apoyo a su tesis de la incompetencia , la CIDH recurre algunos argumentos que califica como de orden “practico”, cuando lo cierto es que son de conveniencia o políticos.

Así pues, según esta instancia internacional, de aceptarse su competencia para investigar acciones terroristas se llegaría a “colocar a las organizaciones terroristas en el mismo plano que a los gobiernos”. Se alega también, que constituye una competencia exclusiva de los Estados la investigación y sanción de los delitos cometidos por aquellas (grupos subversivos), al respecto tenemos que ni las investigaciones ni el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los grupos armados irregulares, por una instancia internacional, tienen incidencia alguna en el estatuto jurídico de aquellas.

Además, la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos armados no es una competencia exclusiva de los Estados, por cuanto después de la segunda guerra mundial la doctrina científica es unánime en afirmar que la comunidad internacional siempre tiene un interés legitimo en conocer todo lo relacionado con el respeto a los derechos humanos en cualquier Estado.

La investigación por parte de la CIDH de las violaciones a los derechos humanos cometidas por estos grupos constituiría en un paso importante en la búsqueda del respeto a los derechos fundamentales en nuestro país y, por supuesto, un claro ejemplo de un desarrollo del efecto vertical de estos derechos.

Señalemos por último que la CIDH, a pesar de declararse incompetentes para conocer peticiones individuales relativas a violaciones a los derechos humanos cometidos por los grupos armados irregulares, defiende el principio del respeto a la legalidad en la orientación de las acciones que emprenda un Estado en contra de éstos.

De otra manera, el equilibrio entre la defensa legítima de los intereses estatales y de la comunidad y el respeto de los derechos humanos puede romperse dando paso a lo que la CIDH denomina “terrorismo de Estado”.

la constitución política tiene relación con los derechos humanos porque es la encargada de promover una ley que protege DIRECTAMENTE los derechos de los colombianos y de todas las demás personas.

por: dani lopez

Después de una agitada historia constitucional en el siglo XIX, Colombia, había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país. | En 1988, una fallida reforma que pretendía extender la participación ciudadana en la política y evitar la corrupción administrativa, entre otras cosas, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una asamblea constituyente para las elecciones de 1990.

El movimiento promocionó la así llamada séptima papeleta, propuesta surgida de estudiantes colombianos para las elecciones legislativas de 1990. Si bien el consejo electoral no aceptó la inclusión oficial de este voto, adicional a los votos por Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Gobernador, Consejo Municipal y Alcaldes; este se contó extraoficialmente y la Corte Suprema reconoció la mayoritaria voluntad popular validando el voto.

En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución en 1991.

Los presidentes de la constituyente fueron: Alvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, Horacio Serpa por el Partido Liberal, y Antonio Navarro por el M-19.

este trabajo es de democracia y ordenado por el profesor cristian docente de la institución liceo cartago este trabajo consta de 5 puntos cada punto valdrá 1% para en total de un 5


por: daniela lopez reyes

7 grado

Es una red que agrupa organizaciones del Estado, la sociedad civil colombiana, organismos no gubernamentales internacionales, grupos universitarios y académicos

misión:proporcionar alegría ala infancia mas pobre de México.

visión:unir y favorecer a las personas de escasos recursos y a sus hijos.

unicef es una fundación que ayuda en todo el mundo a niños a loa cuales se les incumplen sus derechos. la visión de unicef es que para el 2012 la situación halla cambiado y que mas del 85% de los niños estén seguros gracias a su labor por todo el mundo.

el instituto de bienestar familiar es una bendicion para los niños de colombia. esta organizacion tiene varias sedes por todo el pais mirando si a los niños se les incumplen sus derechos. esta organizacion tiene un programa en el que una persona puede apadrinar un niño y sacarlo a pasiar los fines de semana.

el ajedrez es un deporte para 2 personas.es un juego de logica y mucha inteligencia. hay16 piesas en cada extremo del tablero y cada jugador forma su estrategia de ataque para lograr jaque mate que es cuando uno de los 2 jugadores inmovilisa al rey.









por michelle mejia y daniela lòpez.